Ocho decretos promulgó el Ejecutivo para defender al pueblo ante la emergencia económica

Dentro de la Emergencia Económica el Ejecutivo Nacional ha promulgado ocho decretos para proteger al pueblo venezolano y atender la coyuntura que atraviesa el país, como consecuencia de la guerra no convencional perpetrada por la derecha y la caída de los ingresos petroleros.

"Todos (los ocho decretos) han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Los hemos basado en las circunstancias económicas que atraviesa el país", indicó el vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) para exponer las razones del Ejecutivo para solicitar una prórroga por en la aplicación del instrumento legal.

Durante su intervención, refirió que el primer decreto fue la aprobación de transferencia de los saldos líquidos y no líquidos que no fueron utilizados al cierre del ejercicio económico financiero 2015 al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), para darle continuidad a las políticas sociales y financiar la recuperación del aparato productivo.

Agregó que la segunda acción obedeció a la creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, instancia creada para optimizar las compras del Estado.

Otra de las medidas, permite que el Ejecutivo nacional, a través de las empresas públicas, pueda ejercer un derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos, metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro "a los fines de su transformación para su utilización en obras de construcción y el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)".

Sostuvo que con la finalidad de proteger los ingresos del pueblo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó la Tarjeta de las Misiones Socialistas "para garantizar el otorgamiento de subsidio para alimentos y salud para atender a familias vulnerables".

Explicó que la quinta medida fue la creación de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguardia de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, que busca aprovechar las potencialidades de los recursos minerales sin lesionar la diversidad biológica de los territorios.

El sexto decreto establece que la cartera de crédito bruta anual y las instituciones bancarias "destinarán 20 % a la consecución de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición, autoconstrucción, mejora y ampliación de viviendas".

Acotó que la séptima medida fue la implementación del Banco de Insumos de la Pequeña y Mediana Industria, destinado a apoyar el suministro de materia prima para evitar la participación de gestores e intermediarios.

Como último punto, mencionó que se decretó el aumento del tope de 1.500 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) para pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR), que establece que quienes obtengan una remuneración mensual igual o menor a los 50.000 bolívares sólo deberá declarar anualmente el tributo.